En una democracia, los poderes del Estado, primordialmente el Ejecutivo y el Legislativo, tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones, seguridad y certidumbre ante las preocupaciones de los ciudadanos, especialmente en cuestiones tan sensibles como la previsión social. Nadie desea sentir inquietud cuando se trata de sus ahorros o futuras pensiones.
En este contexto, desde Mutualidad queremos manifestar públicamente nuestra satisfacción por la superación del trámite de toma en consideración de la Proposición de Ley para la modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18ª y 19ª. Confiamos en que este nuevo impulso permita alcanzar una regulación justa y equilibrada para todos los profesionales afectados.
Es fundamental que el avance legislativo se produzca con agilidad, pero también con rigor y escuchando a todos los actores implicados. Se deben analizar en profundidad los distintos escenarios y construir un consenso amplio desde los datos, los argumentos técnicos y las evidencias contrastadas.
Tanto para atender las reivindicaciones del colectivo de mutualistas que desea acceder al sistema público —el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)— como para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de quienes confían en el modelo de mutualidades, es necesario que el debate se centre en los puntos de acuerdo y que el proceso legislativo se oriente al interés general, con la celeridad adecuada y el compromiso político que requiere una medida de esta importancia.
Mutualidad, como entidad aseguradora sin ánimo de lucro, ofrece soluciones integrales de previsión, ahorro e inversión a mutualistas y sus familias. En la actualidad contamos con 210.000 mutualistas: alrededor de 56.000 son alternativos (profesionales autónomos) y más de 150.000 confían de forma voluntaria su ahorro a Mutualidad.
Desde 2005, como consecuencia de la aplicación de la normativa aseguradora, pasamos de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual con asignación de derechos económicos. Desde entonces, cada mutualista cotiza en su propio beneficio, generando una futura prestación de jubilación en función de las cuotas que haya aportado, que se verá incrementada por la rentabilidad obtenida.
El colectivo disconforme con la cuantía del capital que recibirá tras su jubilación ha solicitado habilitar una pasarela que permita su acceso al RETA, traspasando a la Seguridad Social el capital previamente aportado a sus mutualidades.
En Mutualidad defendemos que los profesionales autónomos puedan elegir libremente el sistema más acorde a sus intereses y valores. Aunque existen distintas posiciones sobre cómo debería implementarse la pasarela, todos coincidimos en que este mecanismo debe salir adelante cuanto antes. La reanudación de la tramitación legislativa es, por tanto, la oportunidad para lograr por fin dar certidumbre a los mutualistas y permitir a las mutualidades seguir garantizando la sostenibilidad de su modelo financiero.
Muchos mutualistas se encuentran en una etapa vital especialmente sensible, a las puertas de la jubilación, y necesitan poder tomar decisiones informadas en un entorno de seguridad jurídica. La regulación de la pasarela debe ofrecer una solución voluntaria y justa, que permita a quienes así lo deseen transferir sus fondos al RETA, al tiempo que preserve los derechos de quienes opten por continuar en el modelo mutualista.
Desde Mutualidad reiteramos nuestro compromiso con el diálogo para alcanzar una solución consensuada, eficaz y bien fundamentada. Y nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios para aportar nuestra experiencia y contribuir a definir un marco regulatorio que responda a las expectativas de todos los profesionales interesados.
Enrique Sanz Fernández-Lomana
Presidente de Mutualidad