En mayo de 2025, comenzó el plazo para presentar enmiendas a la Proposición de Ley que se ha alargado hasta el 24 de septiembre. Esta fase ha sido crucial para concretar cómo funcionará la pasarela y cómo afectará a quienes quieran cambiar de sistema o quedarse en su mutualidad.
En este sentido, Mutualidad ha trasladado unas recomendaciones a todos los grupos parlamentarios para salvaguardar los derechos de los mutualistas y ha defendido que cualquier medida debe respetar la decisión de cada profesional y garantizar igualdad de trato. Entre otras cuestiones, la entidad defiende:
- Voluntariedad de la pasarela, de manera que cada profesional pueda decidir si traslada sus fondos al RETA.
- Exención fiscal del traspaso, evitando cargas económicas que penalicen la decisión de migrar al sistema público.
- Protección de la estabilidad financiera del sistema mutualista y de los derechos generados por los mutualistas.
- Garantía de que los traspasos se produzcan solo al generar el derecho, es decir, por jubilación, incapacidad o fallecimiento, evitando efectos sistémicos negativos tanto en el modelo mutualista como en el sistema público de pensiones.
Durante décadas, el modelo de capitalización individual de las mutualidades ha demostrado ser sólido y transparente. Los profesionales conocen en todo momento su saldo acumulado y pueden prever con claridad sus futuras prestaciones. Además, se trata de un sistema con costes de gestión reducidos que ofrece rentabilidades superiores a los productos de ahorro conservador, gracias a su estrategia de inversión, que combina activos financieros de bajo riesgo con proyectos a largo plazo en sectores de impacto.
